LA DEMOCRACIA, LA POLICIA Y LA SEGURIDAD COMUNITARIA

No ha sido hasta la reciente experiencia de gobiernos de democráticos, que el problema policial surge como una necesidad de programa de gobierno inmediato en México, de un asunto que históricamente fue acaparado por mentes conservadoras, cuando no por cerebros verdaderamente iletrados (Durazo dixit). Sin embargo el análisis y debate todavía no ha sido desarrollado en toda la amplitud, que debe merecer esta cuestión, por gobiernos habituados a plantear alternativas en otros ámbitos como la educación, salud y empleo, cuando hoy debe afrontar la preocupación de los gobernados, justificada por el incremento de la inseguridad y de la percepción de la inseguridad, si no quiere seguir dejando este importante bastión social en las mismas manos que han producido el desastre que es la seguridad pública hoy por hoy.

Es preocupante ver que la estructura policial se mantiene casi intacta, pese a la larga historia de abuso y corrupción que las corporaciones policíacas detentan. No negamos por supuesto que debe existir un régimen interno que propicie la disciplina, que la jerarquía adquirida por un justo y educado escalafón, es un elemento que le da operatividad a la acción policíaca, en fin las cosas que son parte de la institución desde que Sir Robert Peel formulara sus nueve principios en 1829, que dieron vida a la policía en una sociedad democrática, iniciando la Policía de Londres. Sino a las estructuras mafiosas de poder extralegal en las corporaciones policíacas. Sabemos que existen y actúan, que los códigos de silencio siguen vigentes en la subcultura policíaca, callar, no discutir los asuntos del interior, saldar las cuentas como un asunto de “familia”, depender del jefe superior mas que de la institución, ser “dueños” de la esquina, la patrulla (bueno estas son mas bien “rentadas”), el barrio, el sector, la delegación y finalmente la corporación toda. Frente a las disposiciones legales de carácter positivo, se levanta un muro de acuerdos informales que poseen más vigencia que el Estado de Derecho. El gobernado no será un experto en ciencias sociales, administrativas o penales, pero le consta que la policía sigue siendo la misma, su percepción esta basada en la experiencia, es como aquel viejo refrán de los buenos ingenieros, “se puede engañar a cualquiera menos al agua, esta siempre encuentra su cauce”, pues bien, se puede engañar a cualquiera menos al gobernado, a diario mira y es golpeado por la corriente de corrupción, relación policía-delincuencia, informalismo (mordida, ser “dueño” del cargo, etc.) y hasta piratería policial (que son entonces las no existentes madrinas, sino policías piratas, falsificados de una u otra forma como discos compactos)

No ha sido planteada con verdadero énfasis la reforma policíaca mas importante, el pleno reconocimiento del estatuto laboral de estos uniformados, es decir su reconocimiento simplemente como personas que venden su fuerza de trabajo y que tienen derechos laborales, nada ayudaría mas a la superación de viejos vicios extralegales que reconocer el derecho de estos trabajadores. Examinar ampliamente la gama de los derechos laborales y sociales de los uniformados, suprimir las jornadas laborales que convierten a un trabajador en una piltrafa en un par de lustros, vigilar las condiciones de higiene y seguridad del trabajo, representar en fin frente a la patronal, los derechos de los policías cambiaría las relaciones de poder al interior de las corporaciones, eliminando las no existentes hermandades, pero restándoles cotos de poder, ahora abiertos a la fiscalización pública y de los propios trabajadores. Para ejemplos baste lo ocurrido con el Cuerpo Nacional de Policía de España, la Ertzaintza del País Vasco, la Policía Foral de Navarra, los Mossos d’scuadra de Cataluña, toda la policía norteamericana donde existe incluso el derecho a la sindicalización, pero nunca se ha oído de suspensión de labores, pues la ley señala el alcance de los derechos laborales, pero limita la suspensión de labores. Formas hay, se requiere empezar a discutirlas.

En un país federal se habla poco de descentralización de servicios de policía, lo que se denomina como federal parece un dogma inmutable ¿Por qué no se traslada la responsabilidad de vigilar las carreteras federales a los gobiernos de los estados? ¿Por qué no se pone bajo el control de los gobiernos de los estados los destacamentos de la ex Policía Federal de Caminos, ahora Coordinación de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva? ¿Ejemplos? Otra vez España para ser repetitivos, Galicia pare ser específicos y nuestro socio comercial principal que sostiene la política que aun siendo carreteras federales (US Highway, Interstate) estas se encuentran a cargo de los estados. Los que concibieron a la PFP parece que lo hicieron pensando que era dios, tres personas y un solo dios verdadero, pues en ese proyecto conviven la señalada Coordinación de Seguridad Regional que no es otra cosa que la antigua Policía Federal de Caminos, que aun con su histórico desprestigio es la policía preventiva mas preparada, el ejercito por conducto de la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo y el operativo del Cisen en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención. Si esto es bueno no se sabe aun, lo que si es cierto es que la militarización de la seguridad pública se va replegando cada día mas en el mundo y aquí vuelvo con los ejemplos, el proceso iniciado entre la Gendarmería Francesa, (que es el origen del modelo militar de policía) y la Policía Nacional, la posible unificación de la Guardia Civil española y el Cuerpo Nacional de Policía, la desaparición de la Guardia Nacional en El Salvador y la instauración de una Policía Nacional Civil, la desaparición de la Policía Militar Ambulante en Guatemala y la creación siguiendo el ejemplo salvadoreño de la Policía Nacional Civil en nuestro vecino del sur, la Policía Civil en Costa Rica, que refrenda no solo el ya extinto ejercito sino cualquier otra forma que bajo el nombre de Guardia Nacional permita la persistencia de una cultura militarista en la seguridad pública, la creación del nivel ejecutivo de la Policía Nacional de Colombia, etc. Aquí en México tenemos desafortunadamente el impulso de una imagen militarizada, piensan los torpes estrategas que creen que vistiendo de soldaditos a los policías y sacándolos a pasear por las calles se combate la inseguridad.

II

En el desarrollo de los cuerpos de policía se han establecido siete modelos. El mas antiguo de los cuales es el modelo del vigilante, que consiste en personas comunes y generalmente no remuneradas que se ocupan de la tarea de vigilar un territorio, un barrio, una calle. Este modelo viene desde la antigüedad, hasta la organización de los primeros servicios de policía en Norteamérica. El modelo militar, es sabido que los militares intervienen con ocasión de desórdenes sociales o de los delitos del fuero de guerra o militar (en donde subsiste). Este modelo ha existido desde el surgimiento del estado nacional y por consiguiente su brazo armado. Se considera además que en algunos países la policía tiene una organización y/o hace parte del estamento militar (La Gendarmería Francesa que como ya mencionamos es el modelo original de todos los que siguieron, la Guardia Civil Española, los Carabineros de Chile, los Carabinieri de Italia, la Policía Nacional de Colombia, la Guardia Nacional de Venezuela, la Gendarmería de Argentina, el extinto Cuerpo de Rurales del porfirismo, etc.). El modelo comunitario clásico de primera generación, en donde los policías son ciudadanos remunerados, escogidos por los políticos y sujetos al control civil y son responsables de la prevención y de la represión de la criminalidad. Se ubica este modelo en Inglaterra hacia 1829, con la expedición de una ley sobre el particular, que fue la primera en relación con el servicio policial dentro de un país democrático (y los principios de Sir Robert Peel). El modelo profesional clásico de primera generación. los policías priorizan la represión de la criminalidad, mediante la utilización de tecnología y de una administración de corte industrial. A partir de 1950. Se suprime en su gran mayoría el patrullaje a pie y se instaura el mito del uso de vehículos motorizados para abarcar mas cantidad de espacio en las ciudades. El modelo comunitario contemporáneo de segunda generación (Police de Proximité): Los policías le dan prioridad a la prevención de la criminalidad, contando para ello con la colaboración de los ciudadanos. Se crean las primeras formas de participación ciudadana, pero esta es controlada por los políticos, limitando el encuentro más importante, que es entre el policía en la calle y el gobernado Esto sucede a partir de partir de 1970 en Europa y los Estados Unidos. El modelo profesional contemporáneo de segunda generación (Policía de “Expertos”): Los policías elaboran las estrategias por solucionar los problemas relacionados con el desorden social y la criminalidad, equilibrando los aspectos de prevención y de represión, se sostiene el mito que el problema de la seguridad es un asunto de “expertocracia” o solo los expertos lo pueden solucionar. A partir de 1980. El modelo profesional de tipo comunitario o Policía de la Comunidad, en el participan conjuntamente gobernados, policías, seguridad privada, servicios públicos (educación, vivienda, empleo, salud, etc.), servicios de justicia (policía, tribunales, centros de readaptación y de atención a víctimas tanto públicos como privados), todos actuando conjuntamente en el control del orden público y la prevención, pero con una perspectiva de solución de los problemas.

La policía orientada a la resolución de problemas o policía de la comunidad es una alianza entre policía y sociedad para la prevención del delito y la violencia, esta surge por el deterioro de la seguridad ciudadana y el agotamiento de los modelos que no incluían al gobernado, en donde la policía ha actuado como un ente separado de los requerimientos de la sociedad, dada las limitaciones en la respuesta de la policía tradicional y por el incremento de la inseguridad, la policía repite sus mitos instaurados según los modelos de policía se iban dando, mas que resolver los problemas, hay mucha inversión, mas bien mucho desperdicio de recursos y pocos resultados. En cambio la policía orientada a la resolución de problemas actúa sobre las siguientes variables:

• La delincuencia y el orden público

• El sentimiento de inseguridad

• La calidad de vida de la población

• La paz y la solidaridad social

• La rendición de cuentas a nivel de comunidad

Lo hace actuando en el plano local al propiciar la descentralización administrativa y operativa de la policía, para dar una intervención proactiva más que reactiva, es decir previniendo no persiguiendo, retoma el noveno punto de los principios de sir Robert Peel (o el Ciudadano Peel, para los republicanos puristas) “La prueba de la eficiencia de la Policía es la ausencia del crimen o desorden, no la visible evidencia de la acción policíaca combatiéndolas”. Lo hace también con una adecuada gestión de la información y propiciando una sólida alianza con sectores sociales y políticos a nivel local. Promueve la instauración del programa policía de la comunidad (o policía de barrio aunque este término me suena limitado), planeado sobre comunidades-objetivo bien determinadas, con un análisis estadístico y manteniendo comunidades de control para ver el comportamiento de los distintos factores sociales y de percepción que inciden en la seguridad pública, hasta abarcar la mayoría de comunidades urbanas, suburbanas y rurales, pero lo hace sobre la creación de un foro de la policía de la comunidad (para el análisis, planificación y control) en donde son las comunidades las que determinan las prioridades de la seguridad pública en su área, no lo que señalan los políticos o expertos y finalmente el viejo y buen patrullajes a pie se retoma, mas que una inversión en tecnología o armamento se invierte en el capital humano de las corporaciones, la capacidad de los policías de enfrentarse en una amplia gama de escenarios con una perspectiva de solución de problemas.

Los gobiernos democraticos no pueden enfrentar los problemas de seguridad con la misma visión con que se ha venido haciendo, ni ceder a la tentación de ofrecer iguales soluciones sugiriendo que la diferencia es sólo que "nosotros como somos honrados lo haríamos mejor". No debe hacer suyo programas de cero tolerancia que ponen énfasis en sacar de los barrios a los “extraños” y controlar a los “regulares” como en la “Ventana Rota” y caer en la trampa, para evitar que se le acuse de débil o tolerante, de las consabidas recetas de mano dura, más policía vestida de paramilitares, prisiones mas severas, incremento de penas. Sin perjuicio del estudio de estas medidas, se debe plantear la cuestión cualitativa: mejor policía, mejores prisiones, penas o medidas sustitutivas más eficaces. Y sostener contra viento y marea que una mayor seguridad no se consigue sólo con la aplicación del Derecho Penal y la represión, sino principalmente desde la prevención, desde el abordaje de las causas y no sólo de los efectos.

Hay que superar la división sobre la naturaleza del ser humano, una como una bestia cuyos feroces instintos han de ser reprimidos sin piedad por su propio bien, otra la del buen salvaje que si hace el mal es por ignorancia o por culpa de las estructuras socio-económicas. De la primera surge la cárcel-hospital en donde reina el silencio mas absoluto y con él y por él, los reos eran educados, como en la utopía de regeneración que levantaron los cuáqueros; la otra el hospital-carcel en donde la ignorancia era superada con el tratamiento. Se debe insistir y mantener que la seguridad de la sociedad no se basa en el castigo. Una política de seguridad no es más eficaz sólo por sumar más policías en la calle, detenciones, procesos e internos en los CERESOS, como se nos vende tan a menudo. Decir no, mil veces no y no, a la aberrante reinstauración de la pena de muerte y otras marranadas de la misma naturaleza, propiciadas muchas veces desde los monopolios de la información. Tampoco refleja más seguridad el número de denuncias pues hay formas de desanimar a las víctimas que se aproximen a las oficinas del ministerio público a denunciar. La eficacia se debe medir en el descenso de los delitos cometidos, de las víctimas y de los daños, y sobre todo de la sensación de inseguridad.

III

Las sociedades más seguras son aquéllas con mayor certidumbre social; ni con todo el dinero que gasta Estados Unidos difícilmente llegará a niveles de seguridad y percepción de seguridad de Islandia, Noruega o Suecia, se dice las sociedades mas felices del mundo, cierto o falso, son las sociedades donde una política de progreso social aseguro ahora si, la canasta básica y aún mas. Más y mayores desigualdades crean el caldo de cultivo propicio para la inseguridad, redistribuir la riqueza y las oportunidades implica redistribuir seguridad. Por eso al contener la inversión en políticas sociales, al apostar por el individualismo mas bárbaro y el sálvese quien pueda o quien tenga recursos para salvarse, para autoprotegerse. Lo paradójico es que así, difícilmente va a garantizar seguridad para nadie, empezando por los instigadores de tales políticas.

Dicho esto no hay que eludir desde el pensamiento democrático las políticas de seguridad pública estrictamente hablando, hay que decir que nos falta una policía, una justicia y unas cárceles adecuadas para afrontar retos nuevos, como los que vienen de antigua cepa. Las policías están frecuentemente desbordada, no sólo por insuficiencias numéricas sino fundamentalmente estructurales, la reiterada reforma del Estado (si es que este ente se puede reformar solo con un proceso legislativo) debe tomar en sus manos el asunto de la policía. Las policías preventivas, en especial las municipales deben dejar de ser mantenidas al margen y todo el estamento policial debe dejar anclaje en esquemas de intervención frente a los problemas que no han evolucionado lo suficiente. El sistema policial debe afrontar el reto de actuar en lo general partiendo de las prioridades locales. Sin un proceso decidido de descentralización (incluyendo transferencias en favor de los estados y municipios), impulsando la actuación de las policías locales como una auténtica policía de proximidad tanto a nivel preventivo, como de investigación de la pequeña delincuencia contra las personas y la propiedad, difícilmente se va a poder actuar con eficacia contra ésta. Sin la reorganización de la policía con el reconocimiento de los derechos laborales de estos parias de la función pública, no podrán ser abordadas correctamente estas cuestiones y la sempiterna cuestión de la corrupción y los cotos de poder extralegales. Pese a existir un sistema nacional de seguridad pública, poco se puede decir de la coordinación entre policías, si es que esta va mas allá, mucho mas allá de ver convoyes de policías locales o federales haciendo notoria su presencia, diría, ni siquiera combatiendo la delincuencia, mas bien dejando que el gobernado les vea. Las policías deben acomodarse a no trabajar solas, a actuar en coordinación no sólo entre ellas (asignatura pendiente) sino con el resto de las instituciones y organismos sociales desde el nivel local. Deberán trabajar más en red y con "orientación al cliente", el gobernado al que deben proteger y principalmente las víctimas e insistir en que la policía deba ser democrática y proteger los derechos humanos, hasta que podamos efectivamente darlo por hecho, aunque mantener la vigilancia permanente, sobre todo los gobiernos surgidos desde la oposición democrática que sabe lo que la represión significa en carne propia.

El aparato policial debe convertirse definitivamente en servicio público superando la separación del gobernado al que deben rendir cuentas sobre la base de la comunidad y las formas mafiosas de organización al interior de las corporaciones policíacas, una requiere de la participación comunitaria, la otra el reconocimiento de los derechos laborales del policía. Es insuficiente la regulación legal centrada las potestades administrativas, hay que desarrollar las estatutarias y el anclaje del control policial en la participación ciudadana. Falta la legislación que defina el servicio público de la seguridad, su contenido y sobre todo el nivel de prestación que pueden exigir los gobernados. Y pese a ser tratado por la legislación a la vista esta que la seguridad privada ninguna autoridad puede clamar que esta controlada, vamos, siquiera formalizada, señalados sus límites y la calidad de los servicios que ofrece. Sin rechazar su existencia cuando una actividad privada genere riesgos en el ámbito privado o sobre los que deba responder ante terceros, la solución de los problemas de inseguridad no pasa por su generalización. El desarrollo caótico de la seguridad privada, invadiendo incluso los espacios públicos, resulta peligroso y compromete el actuar solidario de los gobernados, pues sus medidas no son de disminución del delito, sino de reducción del riesgo para quienes la pueden pagar y de desplazamiento a otras personas con menores recursos para protegerse.

Son abundantes, pues, las cuestiones sobre las cuales es necesario y urgente que la sociedad plantee debate y busque alternativas para que la seguridad pública de verdad sea pública, para todos los gobernados, no privada para los que pueden guarecerse atrás de alarmas, guardias privados y algunas veces barricadas. Guarezcámonos pues en la participación cívica, los derechos laborales, la rendición de cuentas y la solidaridad, seguros que su sombra será sobre todo fraterna y comunitaria.